Cumplir la ley y proteger los derechos
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Por Norberto Liwski | Para LA NACION |
Ingresar en la reflexión sobre el trabajo infantil representa una invitación a explorar los variados caminos por los cuales se debe proteger a los niños, niñas y adolescentes de toda forma de explotación económica, y paralelamente crear condiciones para el ejercicio pleno de sus derechos.
Simultáneamente con este objetivo, que debe constituir una auténtica causa nacional, se abren debates y enfoques sobre los cuales se establecen estrategias sustentadas en valores éticos, estructuras jurídicas y reconocimiento de diversidades de prácticas socioculturales.
Desde 2008 la legislación argentina ha incorporado la ley nacional 26390 de prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente.
Este instrumento constituye sin duda una importante definición en las políticas de Estado y cuyos objetivos resultan armoniosos con los principios y las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño en su rango constitucional y otros instrumentos internacionales.
Pero la realidad del tema que nos convoca nos permite afirmar que la existencia de la ley, si bien es necesaria e imprescindible, no es suficiente para considerar y actuar sobre las diversas y complejas dimensiones del trabajo que involucra a las infancias y adolescencias.
Desde América latina y nuestro país, somos testigos de avances y retrocesos, lo cual nos propone una primera reflexión a modo de interpelación colectiva: ¿cuáles son los aprendizajes alcanzados? ¿Habremos sido capaces de distinguir la explotación económica de aquellas culturas que asocian la vivencia del trabajo con los vínculos familiares, o la construcción de la dignidad y un proyecto de vida que integre la educación como componente insustituible del desarrollo personal y de la comunidad?.
Todo estudio encarado con rigor científico y seriedad profesional tiene un punto de coincidencia en distinguir el escenario urbano, especialmente el de alta concentración; del mundo rural, incluyendo en éste las variadas referencias campesinas y las comunidades de los pueblos originarios.
Dentro de estas características debemos contribuir, mediante metodologías participativas, a dar seguimiento a la implementación de la ley y los planes de acción que se aprueban a nivel regional, nacional o local construyendo indicadores que amplíen la visión de la problemática, que eviten los encierros reduccionistas y fundamentalmente que puedan unir el concepto estratégico de erradicación al de plena inclusión social.
Para avanzar en esta dirección se debe propiciar que el uso de datos estadísticos una la excelencia y transparencia en su elaboración con la necesaria e imprescindible desagregación de datos que contemple, entre otros, grupos etarios, enfoque de género, comunidades campesinas e indígenas, contextos socioculturales, la incidencia en la economía familiar e informal, evitando de este modo que contrariamente a lo deseado por vía de estadísticas generalizadas e indiscriminadas nos conduzcan a errores conceptuales que esterilizan la aplicación de la ley.
Debemos recordar que a mayor invisibilidad del tema la complejidad aumenta, pues indagar en la causalidad representa un esfuerzo adicional en diferentes planos. El éxito de estas políticas radica en dar, escuchar y tener presente en las decisiones la palabra de las y los adolescentes, pues constituyen un factor insustituible en la elaboración de las políticas públicas para el sector, entendiendo por tal la perspectiva holística del enfoque de derechos.
Vencer al delito de las mafias explotadoras de trabajo esclavo y juzgar con la mayor severidad de la ley a los perpetradores de esta violación, no deberá agotar los esfuerzos públicos y sociales. Es preciso avanzar hacia una etapa superadora de la letra de la ley y replantear las estrategias de políticas públicas con la sabiduría de aceptar la variedad de resultados que conforman la agenda nacional y regional del actual ciclo histórico.
En esta línea de reflexión debemos tener en cuenta por un lado el avance en materia de seguridad social de niños y adolescentes que implica iniciativas como la AUH, incluyendo la contraprestación familiar en salud y educación o bien la ley nacional de educación y su financiamiento. Por otra parte se debe considerar la construcción del sistema de protección integral de derechos del niño -ley nacional 26061-, de alto consenso social, y de la insustituible relación con la ley 26390.
Por último rescato el pensamiento de un joven latinoamericano, recogido por la Organización Infant -Perú-, que dice: "El trabajo me enseña la palabra dignidad, el valor de la vida y a luchar por un sueño, por un ideal personal; me enseña que la pobreza no es excusa para no tener sueños ni ganas de triunfar en la vida".
Fuente: La Nación -Argentina
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